Esta regulación, se da en mayor o menor intensidad dependiendo del tipo de gobierno, en donde la ideología puede ser la diferencia. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong (China), Dinamarca, Corea del Sur y Estados Unidos, son los países que menos requisitos piden para instalar una empresa, mientras que Somalia, Eritrea, Venezuela, Yemen y Libia, son los países que tienen una regulación excesiva, los primeros, le apuestan más a las reglas del libre mercado (oferta y demanda), mientras que estos últimos, van más a un control del Estado.

La transición que vivimos actualmente, en donde está implícito el dinamismo de la globalización, presenta un nuevo reto para el desarrollo y para la economía mexicana, no sólo por razones derivadas de los cambios en el aparato gubernamental en el 2018, sino también porque la transición ocurre en un momento en el que la ortodoxia neoliberal (libre mercado) se encuentra sin resultados tangibles por lo menos en un mediano plazo.

No ha bastado un papel de interacción entre los ciudadanos y el gobierno en el contexto de una constante renovación democrática, ya que entre el libre mercado y la volatilidad de la voluntad ciudadana se pueden esperar diversos escenarios; las reformas al mercado y la creación de políticas macroeconómicas para alcanzar un crecimiento económico sostenido, dependen de muchas circunstancias, se requiere, para enfrentar este contexto, contar con nuevas y más eficientes instituciones para enfrentar los nuevos retos de la globalización, ya que no son sólo los precios los que rigen el mercado, sino además otros factores que inhiben o alientan las transacciones entre los actores económicos, de tal manera, que se debe contar con mecanismos adaptables (no hay trajes a la medida) para hacer eficiente la distribución de los recursos.

En los 80 y 90.

A partir de la década de los ochenta y noventa los distintos gobiernos implementaron reformas estructurales de la economía que implicaron cambios institucionales. Este cambio institucional respondió a la lógica del mercado global, apertura de la economía, privatización de las empresas públicas, mayores facilidades a la inversión extranjera, mayor intromisión de la banca internacional, multilateral y privada en la conducción de la economía nacional.

Ya en esta época (fines del siglo XX e inicios del siglo XXI) destacan el impulso a los programas de modernización (descentralización, simplificación y modernización administrativa), la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef), ahora de la Función Pública, organismos constitucionales autónomos, tales como el Banco de México, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Fiscalía General de la República.

En la administración federal actual, la regulación y la intervención estatal siguen siendo necesarias en la educación, la salud, la cultura, el desarrollo tecnológico, la inversión de infraestructura, la justicia, entre otras, planteando que las mismas no sólo deben tender a compensar los desequilibrios distributivos provocados por el mercado globalizado, sino principalmente a capacitar a los agentes económicos para competir en el ámbito internacional.

Ante las nuevas circunstancias que prevalecen a nivel mundial, se presentan cuestiones tales como la creación de monopolios privados; la formación de oligopolios empresariales y su consecuente efecto sobre la estructura de producción y las relaciones de poder entre el Estado y corporaciones; la especulación financiera que escapa a los márgenes de control de los sistemas financieros nacionales; el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, que debilitan la seguridad y estabilidad social de los Estados; las diferentes modalidades de pobreza (alimentaria, capacidades y patrimonio) y la extrema pobreza; la fuerza de trabajo desplazada del empleo público y no absorbida por el sector privado; la migración a los países desarrollados en busca de mejores niveles de vida dada la falta de oportunidades en su propio país, son parte de la agenda del Estado precisamente cuando es menor su capacidad para resolverlas e intenta insertarse al mundo globalizado.

El éxito económico de algunos países, ante este nuevo escenario, se debió y se debe a que tuvieron y han tenido la capacidad de adaptación ante los nuevos retos.